viernes, 4 de febrero de 2011


Otro caso de torturas en una cárcel.
 ¿Cuánto más tendremos que esperar para que esta clase de aberraciones dejen de ocurrir?
Hace unos días observamos un video atroz y lamentable que se difundió en los medios de comunicación. En él varios internos eran víctimas de tormentos en la cárcel de San Felipe, provincia de Mendoza de nuestro país.
La denuncia pertinente fue efectuada por una Asociación de Derechos Humanos y tras el conocimiento de los hechos se adoptaron diversas medidas, entre las cuales se encuentra el pase a disponibilidad del Jefe de Seguridad Interna del complejo carcelario.
Es necesario investigar rápidamente y a fondo este tipo de hechos en la justicia. Además, es preciso aunar esfuerzos y construir políticas públicas que permitan adoptar medidas para capacitar a todo el personal que tenga trato con internos alojados en centros penitenciarios.
Resulta impensado en un Estado Democrático, que brega por los Derechos Humanos, seguir tolerando que cierta población vulnerable sea sometida a maltratos, vejámenes y torturas.
Estos temas nos obligan a tomar conciencia de la necesidad inminente de trabajar para obtener la aprobación del Proyecto de ley denominado “Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” que se encuentra bajo estudio en la legislatura nacional.

Hace más de 5 años que 24 ONGs elaboraron este proyecto que fue presentado ante la Cámara de Diputados por Victoria Analía Donda Pérez en 2009, luego de varias reuniones y reformas se logró un consenso con los legisladores, también el Departamento de Derecho Penal y Criminología conjuntamente con este Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA elaboró un Dictamen apoyando tal iniciativa, sin embargo continúa sin aprobarse.
Desde el Centro de Estudios de Ejecución Penal queremos solidarizarnos con las víctimas de las aberraciones mencionadas, así como también urgir al parlamento para que apruebe el Protocolo que servirá para  contribuir a la mejoría del sistema y evitará que estos casos se repitan impunemente.

Centro de Estudios de Ejecución Penal
Departamento de Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho –UBA-
Febrero 2011


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